Lecturas crisis alimentaria

Los entresijos del sistema agroalimentario mundial

Esther Vivas

(Capítulo del libro: Montagut, X. y Vivas, E. Del campo al plato, Barcelona, Icaria editorial, pp.9-40)

El modelo de alimentación actual, a lo largo de toda su cadena del campo al plato, está sometido a una alta concentración empresarial, siendo monopolizado por una serie de corporaciones transnacionales de los agronegocios que anteponen sus intereses económicos al bien público y comunitario. Hoy, el sistema alimentario ya no responde a las necesidades alimenticias de las personas, ni a la producción sostenible basada en el respeto al medio ambiente, sino que se trata de un modelo enraizado en una lógica capitalista: de búsqueda del máximo beneficio, de optimización de costes y de explotación de la mano de obra en cada uno sus tramos productivos. Aquellos bienes comunes como el agua, las semillas, la tierra..., que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido privatizados, expoliados de manos de los pueblos y convertidos en moneda de cambio a merced del mejor postor.

Frente a este escenario, los gobiernos y las instituciones internacionales se han plegado a los designios de las corporaciones transnacionales y se han convertido en cómplices, cuando no en cobeneficiarios, de un sistema alimentario productivista, insostenible y privatizado. La supuesta “preocupación” por parte de estos gobiernos e instituciones (G8, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, etc.), frente al aumento del precio de los alimentos básicos y su impacto en las poblaciones más desfavorecidas de los países del Sur , no ha hecho más que mostrar su profunda hipocresía respecto a un modelo agrícola y alimentario que les reporta importante beneficios económicos. Un modelo que es a su vez utilizado como instrumento imperialista de control político, económico y social por parte de las principales potencias económicas del Norte, como Estados Unidos y la Unión Europea (así como de sus multinacionales agroalimentarias), respecto a los países del Sur global.

Crisis alimentaria

La situación de crisis alimentaria, que se ha vislumbrado a lo largo del año 2007 y 2008, con un fuerte aumento del precio de los alimentos básicos pone de relieve la extrema vulnerabilidad del modelo agrícola y alimentario actual. Una crisis alimentaria que ha dejado tras sí a 925 millones de hambrientos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Como señalaba su director general Jacques Diouf: "El número de personas mal alimentadas antes de la subida del precio de los alimentos en 2007 era de 850 millones. Solamente en ese año aumentó en 75 millones por lo que ha alcanzado los 925 millones" . Una cifra que llegará a los 1.200 millones de hambrientos en el 2017, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (ETC Group 2008). Pero de hecho, la situación de crisis alimentaria actual ya está afectando de manera directa o indirecta a la mitad de la población a nivel mundial, más de tres mil millones de personas (Holt-Giménez, 2008).

Y es que el precio de la comida no ha parado de subir. Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, estos registraron, entre el 2005 y el 2006, un aumento del 12%; al año siguiente, en 2007, un crecimiento del 24%; y entre enero y julio del 2008 una subida de cerca del 50%. Las cifras del Banco Mundial apuntaban en la misma dirección: los precios han aumentado un 83% en los últimos tres años. Los cereales y otros alimentos básicos, que dan de comer a amplias capas de la población especialmente en los países del Sur global, (trigo, soja, aceites vegetales, arroz...) son los que han sufrido los aumentos más importantes. El coste del trigo ha subido un 130%, la soja un 87%, el arroz un 74% y el maíz un 31% (Holt-Giménez y Peabody, 2008). A pesar de las buenas previsiones de la producción de cereales, la FAO calcula que los precios permanecerán elevados en los próximos años y, en consecuencia, los países pobres, mayoritariamente, continuarán sufriendo los efectos de la crisis alimentaria .

Teniendo en cuenta estos datos, no sorprende el estallido de revueltas del hambre en los países del Sur, ya que son, precisamente, los productos básicos, aquellos que alimentan a los más pobres, los que han experimentado una subida de precios más importante. En países como Haití, Pakistán, Mozambique, Bolivia, Marruecos, México, Senegal, Uzbekistán, Bangla Desh, Níger... la gente ha salido a la calle para decir: “Ya basta”. Unas revueltas que han dejado a su paso a decenas de muertos y heridos. Estos alzamientos nos recuerdan a los que tuvieron lugar entre los años 80 y 90 en los países del Sur contra las políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La causa, una vez más, el aumento de los precios de los alimentos, del transporte, de los servicios públicos... que agravó las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones de estos países y dificultó su lucha por la supervivencia cotidiana. La historia se repite y las políticas neoliberales siguen dejando a su paso a millones de hambrientos.

Pero el problema hoy no es la falta de alimentos, sino la imposibilidad para acceder a ellos. De hecho, la producción de cereales a nivel mundial se ha triplicado desde los años 60, mientras que la población a escala global tan solo se ha duplicado (GRAIN, 2008a) Nunca en la historia se había producido tanta comida como hoy en día. Pero para los millones de personas en los países del Sur global que destinan entre un 50 y un 60% de la renta a la compra de alimentos , cifra que puede llegar incluso hasta el 80% en los países más pobres, el aumento del precio de la comida ha hecho imposible su acceso a la misma.

Causas coyunturales

Hay razones coyunturales que se han dado y que explican parcialmente este aumento espectacular de los precios en los últimos años: desde las sequías y otros fenómenos meteorológicos vinculados al cambio climático en países productores como China, Bangladesh, Australia... que habrían afectado a las cosechas y que continuarán impactando en la producción de alimentos; el aumento del consumo de carne, especialmente, en países de América Latina y Asia, debido a un cambio de hábitos alimenticios (siguiendo el modelo de consumo occidental) y como resultado de la multiplicación de instalaciones para el engorde de ganado; las importaciones de cereales realizadas por países hasta el momento autosuficientes como India, Vietnam o China, debido a la pérdida de tierras de cultivo; la disminución de las reservas de granos en los sistemas nacionales que fueron desmantelados a finales de los años 90 contribuyendo a que hoy en día los países dependan íntegramente de los volátiles mercados mundiales de granos (Hernández Navarro, 2008; Holt-Giménez, 2008). Todos estos argumentos contribuyen a explicar en parte las causas que nos han conducido a la situación de crisis alimentaria, pero se trata de argumentaciones parciales que, a veces, han sido utilizadas para desviar la atención de las causas de fondo. Autores como Jacques Berthelot (2008), Éric Toussaint (2008a) y Alejandro Nadal (2008), entre otros, han rebatido algunos de estos argumentos.

Desde mi punto de vista, hay dos causas coyunturales que han sido determinantes a la hora de provocar esta subida de los precios de los alimentos y que deben de ser señaladas en mayúsculas: el aumento del precio del petróleo, que habría repercutido directa o indirectamente, y las crecientes inversiones especulativas en materias primas. Ambos factores han acabado por desequilibrar un sistema agroalimentario extremadamente frágil. Vamos al detalle.

El aumento del precio del petróleo, que se ha duplicado en el transcurso de los años 2007 y 2008 y que ha provocado una fuerte subida de los precios de los fertilizantes y del transporte relacionado con el sistema alimentario, ha tenido como consecuencia una creciente inversión en la producción de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y otros han subvencionado la producción de agrocombustibles como una alternativa a la escasez de petróleo y al calentamiento global. Pero esta producción de combustible verde entra en competencia directa con la producción de alimentos. Por poner solo un ejemplo, en el año 2007 en Estados Unidos el 20% del total de la cosecha de cereales fue utilizada para producir etanol y se calcula que en la próxima década esta cifra llegará al 33%. Imaginémonos esta situación en los países del Sur.

En abril del 2008, la FAO reconocía que “a corto plazo, es muy probable que la expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la agricultura de América Latina”(Reuters, 15/04/08). Y es que el desvío del 5% de la producción de cereales en el mundo a la producción de agrocombustibles ha repercutido de forma directa en el incremento del precio de los granos. En la medida en que cereales como el maíz, el trigo, la soja o la remolacha han sido desviados a la producción de agrocombustibles, la oferta de cereales en el mercado ha caído y consecuentemente su precio ha aumentado. Según distintas fuentes, éste impacto ha sido mayor o menor, pero siempre clave: el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos considera que los agrocombustibles han generado un aumento del precio de los granos de entre el 5 y el 20%; el Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias de Estados Unidos (IFPRI en sus siglas en inglés) considera que esta cifra ronda el 30% y un informe filtrado del Banco Mundial afirma que la producción de agrocombustibles habría repercutido en un aumento del 75% del precio de los granos (Holt-Giménez, 2008).

Otra causa coyuntural a tener muy en cuenta como generadora de este aumento de los precios ha sido la creciente inversión especulativa en materias primas, después del crack de los mercados puntocom e inmobiliarios. Tras el desplome del mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en los Estados Unidos, inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión...) y otros buscaron lugares más seguros y con mayor rentabilidad donde invertir su dinero. En la medida en que el precio de los alimentos subió, dirigieron su capital al mercado de futuros alimentario empujando el precio de los granos al alza y empeorando aún más la inflación en el precio de la comida (Holt-Giménez, 2008).

Hoy en día se calcula que una parte significativa de la inversión financiera en el sector agrícola tiene carácter especulativo. Según los datos más conservadores, esta cifra ascendería a un 55% del total, un volumen que aumenta en la medida en que se profundiza en la liberalización de la producción agrícola. Cabe señalar, también, el estudio de Lehman Brothers que indica como desde el año 2003 el índice de especulación en las materias primas (integrada en un 30% por materias agrícolas) ha aumentado en un 1900% (García, 2008a).

Causas estructurales

Más allá de estos elementos coyunturales, hay razones de fondo que explican el porqué de la profunda crisis alimentaria actual. Las políticas neoliberales aplicadas indiscriminadamente en el transcurso de los últimos treinta años a escala planetaria (liberalización comercial a ultranza, el pago de la deuda externa por parte de los países del Sur, privatización de los servicios y bienes públicos...) así como un modelo de agricultura y alimentación al servicio de una lógica capitalista son las principales responsables de esta situación. De hecho, nos encontramos ante un problema sistémico más profundo con un modelo alimentario global extremadamente vulnerable a las crisis económicas, ecológicas y sociales.

Como señala Eric Holt-Giménez (2008), las políticas de “desarrollo” económico impulsadas por los países del Norte desde los años 60 en adelante (la revolución verde, los Programas de Ajuste Estructural, los tratados regionales de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio y los subsidios agrícolas en el Norte) han generado la destrucción de los sistemas alimentarios.

Entre los años 60 y 90, se llevó a cabo la denominada “revolución verde”, promovida por diversos centros de investigación agrícola e instituciones internacionales, con el “teórico” objetivo de modernizar la agricultura en los países no industrializados. Los primeros resultados en México y, posteriormente, en el sur y sudeste asiático fueron espectaculares desde el punto de vista de la producción por hectárea, pero este aumento del rendimiento de la tierra no tuvo un impacto directo en la disminución del hambre en el mundo. Así, aunque la producción agrícola mundial aumentó en un 11%, el número de personas hambrientas en el mundo también ascendió en un 11%, pasando de los 536 millones a los 597 (Riechmann, 2003) . Como señalan Rosset, Collins y Moore Lappé (2000): “El incremento de la producción, centro de la revolución verde, no alcanza para aliviar el hambre porque no altera el esquema de concentración del poder económico, del acceso a la tierra o del poder adquisitivo (...) La cantidad de personas que pasan hambre se puede reducir solo redistribuyendo el poder adquisitivo y los recursos entre quienes están desnutridos (...) Si los pobres no tienen dinero para comprar alimentos, el aumento de la producción no servirá de nada”.

La revolución verde tuvo consecuencias colaterales negativas para muchos campesinos medios y pobres y para la seguridad alimentaria a largo plazo. En concreto, este proceso aumentó el poder de las corporaciones agroindustriales en toda la cadena productiva, provocó la pérdida del 90% de la agro y la biodiversidad, redujo masivamente el nivel freático, aumentó la salinización y la erosión del suelo, desplazó a millones de agricultores del campo a las ciudades miseria... desmantelando los sistemas agrícolas y alimentarios tradicionales garantes de la seguridad alimentaria.

A lo largo de los años 80 y 90, la aplicación sistemática de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en los países del Sur por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para que éstos pudieran hacer frente al pago de la deuda externa, agravó aún más las ya de por si difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población en estos países. Los PAE tenían como objetivo principal supeditar la economía del país al pago de la deuda aplicando la máxima de “exportar más y gastar menos”.

Las medidas de choque impuestas por los PAE consistieron en forzar a los gobiernos del Sur a retirar las subvenciones a los productos de primera necesidad como el pan, el arroz, la leche, el azúcar...; se impuso una reducción drástica del gasto público en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras...; se forzó la devaluación de la moneda nacional, con el objetivo de abaratar los productos destinados a la exportación pero disminuyendo la capacidad de compra de la población autóctona; aumentaron los tipos de interés con el objetivo de atraer capitales extranjeros con una alta remuneración, generando una espiral especulativa... En definitiva, una serie de medidas que sumieron en la pobreza más extrema a las poblaciones de estos países (Vivas, 2008a).

A nivel comercial, los PAE promovieron las exportaciones, para conseguir mayores divisas, aumentando los monocultivos de exportación y reduciendo la agricultura destinada a la alimentación local con el consiguiente impacto negativo en la seguridad alimentaria y su dependencia respecto a los mercados internacionales. De este modo, se suprimieron las barreras aduaneras, facilitando la entrada de productos altamente subvencionados de Estados Unidos y de Europa que se vendían por debajo de su precio de coste, a un precio inferior al de los productos locales, y que acabaron con la producción y la agricultura autóctona; así mismo se abrieron totalmente sus economías a las inversiones, a los productos y a los servicios de las multinacionales. Las privatizaciones masivas de empresas públicas, muchas veces a precio de saldo y de las que se beneficiaron mayoritariamente las multinacionales del Norte, fueron una práctica generalizada. Estas políticas tuvieron un impacto directo en la producción agrícola local y en la seguridad alimentaria, dejando a estos países a merced del mercado, de los intereses de las corporaciones transnacionales y de las instituciones internacionales promotoras de estas políticas.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), establecida en el año 1995, consolidó las políticas de los Programas de Ajuste Estructural a través de tratados internacionales, supeditando las leyes nacionales a sus designios. Los acuerdos comerciales administrados por la OMC como el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en sus siglas en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en sus siglas en inglés) consolidaron aun más el control de los países del Norte sobre las economías del Sur.

Las políticas de la OMC forzaron a los países en desarrollo a eliminar sus aranceles a las importaciones, acabar con protecciones y subsidios a los pequeños productores y abrir sus fronteras a los productos de las corporaciones transnacionales, mientras que los mercados del Norte se mantenían altamente protegidos. En la misma dirección, los tratados regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA en sus siglas en inglés), entre otros, profundizaron en la liberalización comercial, llevando a la quiebra a los campesinos del Sur y convirtiéndoles en dependientes de las importaciones de alimentos de los países del Norte.

Los subsidios agrícolas estadounidenses y europeos, dirigidos mayoritariamente a la industria agroalimentaria, obvian al pequeño productor local. Este apoyo al agribusiness significa una cuarta parte del valor de la producción agrícola en Estados Unidos y el 40% en la Unión Europa (Holt-Giménez, 2008). En el Estado español, los principales receptores de estas ayudas son las explotaciones más grandes: siete productores, entre ellos la duquesa de Alba, son los mayores beneficiarios de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Se calcula que un 3,2% de los grandes productores del Estado español reciben un 40% de estas ayudas directas (Intermón Oxfam, 2005), mientras que las explotaciones familiares, que sostienen el medio rural en Europa y millones de campesinos en el Sur, no cuentan prácticamente con ningún apoyo y padecen la competencia desleal de estos productos altamente subvencionados.

De países exportadores a importadores Estas políticas de “desarrollo” económico impulsadas por las instituciones internacionales, con el beneplácito de los gobiernos respectivos y al servicio de sus corporaciones transnacionales, han acabado con un sistema de producción de alimentos local y sostenible, sustituyéndolo por un modelo de producción industrial e intensivo supeditado a los intereses capitalistas que nos ha conducido a la actual situación de crisis e inseguridad alimentaria.

Países del Sur que hasta hace unos cuarenta años eran autosuficientes e incluso tenían excedentes de productos agrícolas por valor de mil millones de dólares, hoy se han vuelto totalmente dependientes del mercado internacional e importan una media de once mil millones de comida anuales . Como señala Eric Holt-Giménez (2008): “El incremento del déficit de alimentos en el Sur refleja el aumento de excedentes de alimentos y la expansión del mercado en el Norte industrial” así como de su complejo agro-industrial. En los años 60, por ejemplo, África exportaba unos 1300 millones de dólares en comida, hoy el continente importa el 25% de sus alimentos.

Los casos de Haití y México El caso de Haití es revelador. Como señala Bill Quigley (2008), hace treinta años, este país producía todo el arroz que necesitaba para alimentar a su población, pero a mediados de los años 80, frente a una situación de crisis económica aguda (cuando el dictador haitiano Jean Claude “Baby Doc” Duvalier abandonó el país vaciando sus arcas), se tuvo que endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Empezaba aquí una espiral de “dominación” que sumiría al país en la más profunda de las dependencias política y económica respecto a las instituciones financieras internacionales y, en especial, en relación con los Estados Unidos.

Para obtener estos préstamos, Haití se vio obligado a aplicar una serie de políticas de ajuste estructural como la liberalización comercial y la reducción de los aranceles que protegían la producción de varios de sus cultivos, entre ellos el arroz. Esta apertura permitió la entrada indiscriminada de arroz subvencionado de Estados Unidos que se vendía muy por debajo del precio al que los agricultores locales podían producirlo. Como explica Bill Quigley (2008) citando al cura haitiano Gerard Jean-Juste: “En la década de los 80, el arroz importado se vertía en el país a un precio muy por debajo del coste al que nuestros agricultores podían producirlo. Éstos perdieron sus trabajos y huyeron a las ciudades. Después de unos pocos años de arroz barato importado, la producción local cayó estrepitosamente”. Un hecho que hundió en la más absoluta miseria a los campesinos haitianos quienes, ante la imposibilidad de poder competir con este arroz, abandonaron sus cultivos. Hoy, Haití se ha convertido en uno de los principales importadores de arroz estadounidense.

En consecuencia, cuando en Haití, en abril del 2008, el precio del arroz, de los frijoles y de la fruta subió más de un 50%, esto hizo imposible su acceso a la mayor parte de la población. Varios días de revueltas en el país más pobre de América Latina, donde la dieta de un adulto consiste en ingerir 1.640 calorías (640 menos que la media necesaria según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU), pusieron de relieve la amplitud de la tragedia. Frente a la imposibilidad de poder comprar comida, se extendió el consumo de tortillas de barro con sal.

¿Qué interés podía tener Estados Unidos en el mercado de arroz haitiano cuando éste es el país más pobre de América Latina? En Haití, alrededor del 78% de su población malvive con menos de dos dólares al día y más de la mitad lo hace con menos de un dólar diario, la esperanza de vida es de 59 años. Pero, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el 2008, Haití fue el tercer mayor importador de arroz estadounidense, un cultivo altamente subvencionado por el gobierno norteamericano al que se destinan mil millones de dólares anuales. Y, ¿quiénes son los beneficiarios? Entre 1995 y 2006, por ejemplo, un solo productor, Riceland Foods Inc., recibió unos 500 millones de dólares en subsidios. Y no solo esto, las subvenciones al arroz en Estados Unidos llegan a tal extremo que, según publicó The Washington Post en el 2006, su gobierno había pagado al menos 1,3 mil millones dólares en subsidios desde el 2000 a individuos que jamás habían cultivado nada, incluyendo 490.000 dólares a un cirujano de Houston que había comprado un terreno cerca de esa localidad en el que alguna vez se había cultivado arroz (Quigley, 2008). En lo que respecta a los aranceles, Estados Unidos establece unas barreras arancelarias directas del 3% al 24% a las importaciones de arroz, exactamente las mismas protecciones que éste exigió a Haití eliminar en la década de los años 80 y 90.

México, la cuna del maíz, es otro ejemplo de manual del arrebato de su soberanía alimentaria. La crisis de la tortilla, a principios del año 2007, con el aumento abrupto de su precio en un 60%, debido a la subida del coste del maíz su componente básico, puso a México al borde de la crisis económica encendiendo la luz de alarma mundial. Los subsidios del gobierno estadounidense a la producción de agrocombustibles hicieron que destinar maíz para obtener etanol resultase más rentable que destinarlo a la producción de alimentos y en consecuencia se empujó su precio al alza.

Pero la crisis de la tortilla, como la crisis alimentaria hoy, tiene raíces más profundas y no se puede entender sin analizar el impacto de las políticas de libre mercado impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Washington en los últimos años que convirtieron a México en una economía importadora y dependiente del maíz de Estados Unidos.

En agosto de 1982, el gobierno mexicano se declaró insolvente para pagar la deuda externa, pero la situación de crisis económica y social obligó al gobierno a endeudarse con los bancos comerciales y las instituciones internacionales. A cambio de los fondos prestados para pagar el servicio de su deuda, el FMI y el Banco Mundial impusieron a México una serie de condicionalidades, a través de los Programa de Ajuste Estructural, consistentes en un fuerte intervencionismo: apertura de los mercados, eliminación de los aranceles y de las reglamentaciones estatales, contracción del gasto público, desmantelamiento del sistema de crédito estatal, de los subsidios a los insumos agrícolas, de los precios de garantía, poner fin a los servicios estatales de acopio, comercialización, almacenaje y aseguramiento de las cosechas, entre otros (Vivas, 2008a; Bello, 2008) .

A este golpe, como señala Walden Bello (2008), le siguió otro aún mayor: la entrada en vigor el 1 de enero de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA en sus siglas en inglés) que tuvo como consecuencia la entrada masiva de maíz estadounidense altamente subvencionado, que inundó los mercados locales, acabando con los precios del maíz local y hundiendo al sector en una profunda crisis.

Con el cierre de la agencia estatal de comercialización de maíz, la distribución de maíz en México, tanto estadounidense como autóctono, quedó en manos de unas pocas transnacionales como Cargill y Maseca, quienes tienen un poder inmenso para especular con las tendencias comerciales. Este monopolio del sector les permite, por ejemplo, que un alza en los precios internacionales del maíz no se traduzca en precios significativamente más altos para los pequeños productores locales (Bello, 2008; Patel, 2008). Esta situación ha generado el abandono masivo del campo mexicano por parte de los pequeños productores de maíz, arroz, cría ganadera... quienes, al no poder competir con los productos subvencionados de Estados Unidos, han sido expulsados a las “ciudades miseria” (Davis, 2008). Se calcula que un total de 1,3 millones de campesinos abandonaron el campo ocho años después de la entrada en vigor del NAFTA, una parte importante de los cuales emigraron a los Estados Unidos (Polaski, 2004).

Pero los casos de Haití y México son extrapolables a muchos otros países del Sur, donde la aplicación sistemática de las políticas neoliberales a lo largo de estos últimos años ha acabado no solo con un sistema de producción agrícola, ganadero y alimentario autóctono sino con cualquier tipo de protección y apoyo a sus comunidades, industrias y servicios públicos. Siguiendo estos mismos mantras, en Sri Lanka, por ejemplo, el Banco Mundial propuso suprimir la producción de arroz, un cultivo tradicional desde hacía más de dos mil años y base de la alimentación local, porque resultaba más barato importarlo de Vietnam o Tailandia (Houtart, 2006). En Filipinas, la reestructuración económica neoliberal del Estado, a lo largo de los años 90, transformó a un país exportador neto de alimentos, en el mayor importador de arroz del mundo, comprando anualmente en el mercado internacional entre uno y dos millones de toneladas de arroz para abastecer su demanda interna (Bello, 2008). La lógica del libre mercado ha condenado a estos países a una espiral de dominación y miseria.

Impactos en el Norte Las consecuencias de la crisis alimentaria mundial tienen su eco en los países del Norte. En el transcurso del 2008, campesinos, pescadores, transportistas, ganaderos... tomaban las calles debido al aumento del coste de los carburantes, de las materias primas y para pedir una remuneración justa para sus productos, mientras los precios de los alimentos no paraban de crecer.

En enero del 2008, miles de ganaderos se manifestaron en Madrid, convocados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), para reclamar soluciones concretas que paliasen la crisis que atraviesa el sector. COAG señalaba que el problema principal residía en la subida del precio de los piensos y la tendencia a la baja de los precios en origen. Una situación que ponía en peligro la viabilidad de 400 mil pequeñas y medianas explotaciones ante la imposibilidad para trasladar el aumento de los costes de producción a los precios de venta (EFE, 24/01/08).

A principios de mayo del 2008, unos nueve mil agricultores y ganaderos se manifestaron en Madrid para exigir al Gobierno una nueva Ley de márgenes comerciales que limitara la diferencia entre el precio pagado en origen y el precio de venta al público, que llega en la actualidad hasta un 400% de media. La gran distribución: supermercados, grandes superficies, cadenas de descuento... son quienes más se benefician a costa del productor y del consumidor.

A finales del mismo mes de mayo, unos siete mil pescadores se concentraron delante de la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid debido al aumento de los precios de los carburantes y por la falta de ayudas (el petróleo subió más de un 320% en cinco años y el precio del pescado se mantenía igual que hace veinte). En el transcurso de la protesta, los pescadores, venidos de todo el Estado, regalaron veinte mil quilos de pescado fresco. La actual situación que vive el sector les hace prácticamente insostenible seguir saliendo a faenar (Reuters, 30/05/08). Los transportistas también se sumaron a las protestas, bloqueando las autopistas y las carreteras, debido a la subida del precio del gasóleo, que ya suma un 50% de sus costes (El Mundo, 10/06/08). Los ejemplos podrían continuar.

Al mismo tiempo, en los últimos años, los precios de los productos que forman parte de nuestra canasta alimentaria no han parado de subir. En el 2007, el precio de la leche aumentó cerca de un 26%, las cebollas un 20%, el aceite de girasol un 34%, la carne de pollo uno 16% ... y ésta ha sido la tendencia de la mayoría de los alimentos, según datos facilitados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a finales del 2007, mientras que el Índice de Precios al Consumo (IPC) tan solo reflejaba una subida del 4,1% aquel mismo año.

Es obvio que los efectos de la crisis alimentaria en ambos extremos del planeta son difícilmente comparables. En el Norte, tan solo destinamos entre uno 10 y un 20% de la renta a la compra de alimentos, mientras que en el Sur esta cifra se eleva al 50-60% y puede llegar incluso hasta el 80%. Pero esto no quita la importancia de señalar el impacto que este aumento de los precios tiene aquí, mientras los beneficios de las multinacionales siguen aumentando y los gobiernos defienden una mayor liberalización económica.

La situación en el campo empeora día tras día. En los diez últimos años, en el Estado español han desaparecido casi diez explotaciones agrarias al día y la población campesina activa se ha reducido al 5,6% del total, siendo mayoritariamente gente mayor. Con estas cifras, en los próximos quince años, el Estado español tendrá que importar el 80% de los alimentos necesarios para alimentar a su población (Fundació Terra, 2006). La renta agraria no ha parado de disminuir, situándose hoy en un 65% de la renta general. No sorprende cuando, por ejemplo, el Índice de Precios al Consumo subió un 4,2%, en el 2005, mientras que los precios de venta de los productos agrícolas disminuyeron. Una tendencia que se repite años tras año (García, 2007). Los precios en origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en destino y se calcula que más del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en el último tramo de la cadena, el supermercado (COAG, 2007).

¿Quién sale ganando? La crisis alimentaria global beneficia a las multinacionales que monopolizan cada uno de los eslabones de la cadena de producción, transformación y distribución de los alimentos. No en vano los beneficios económicos de las principales multinacionales de las semillas, de los fertilizantes, de la comercialización y transformación de comida y de las cadenas de la distribución al detalle no han parado de aumentar. Se trata de un complejo agro-industrial mundial que se ha venido construyendo durante medio siglo, apoyado por fondos públicos, cooperación internacional y por políticas de “desarrollo” agrícola internacional.

En el 2007, las principales compañías de semillas, Monsanto y Du Pont, declararon un aumento de sus beneficios del 44% y del 19% respectivamente en relación con el año anterior. Las mayores empresas de fertilizantes, Potash Corp, Yara y Sinochem vieron crecer sus beneficios en un 72%, 44% y 95% respectivamente entre el período 2007 y 2006. Lo mismo sucedió con las principales procesadoras de alimentos como Nestlé con un aumento del 7% de sus ganancias en ese mismo período. La gran distribución comercial tampoco se quedó al margen. La principal cadena de supermercados en Gran Bretaña, Tesco, declaró un aumento del 12,3% de sus beneficios en esos años, mientras que Carrefour y Wal-Mart señalaban como las ventas de alimentos significaban su principal fuente de ingresos (GRAIN, 2008a; Vivas, 2008b). El informe anual de los supermercados estadounidenses Safeway, del 2007, apuntaba en la misma dirección señalando que su ingreso neto subió un 15,7% entre el 2006 y el 2007.

La clave reside en la práctica de estas multinacionales: vender grandes volúmenes con márgenes pequeños y proveerse directamente de los productores. El aumento del precio de los cereales desencadenó, citando a GRAIN (2008b), “una fiebre en el mundo de los grandes negocios para tener un mayor control en toda la cadena alimentaria”. Las multinacionales del agribusiness y las compañías de distribución al detalle profundizaron su control a lo largo de la cadena productiva, especialmente, a través de la contratación directa de la producción agrícola, con el objetivo de reducir los costes de contratación y las prestaciones de garantía.

Y es que el conjunto de la cadena agroalimentaria está sometida, en todo su recorrido, a una alta concentración empresarial. En el año 2007, el valor agregado de las fusiones y de las adquisiciones de la industria mundial de alimentos (incluyendo a fabricantes, distribuidores y vendedores) fue aproximadamente de 200 mil millones de dólares, el doble que en el 2005. Estas fusiones reflejan la tendencia mundial al alza en la creación de monopolios en la industria de los alimentos (ETC Group, 2008).

Si empezamos por el primero de los tramos de la cadena, las semillas, observamos como diez de las mayores compañías mundiales (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer...) controlan la mitad de sus ventas. Se trata de un mercado con un valor aproximado de 21 mil millones de dólares anuales, un sector relativamente pequeño si lo comparamos con el de los pesticidas o el farmacéutico (ETC Group, 2005a), pero debemos de tener en cuenta que se trata del primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, en consecuencia, de los riesgos que su control entraña para la seguridad alimentaria de las personas. Las leyes de propiedad intelectual, que dan a las compañías derechos exclusivos sobre las semillas, han estimulado aún más la concentración empresarial y han erosionado de base el derecho campesino al mantenimiento de las semillas autóctonas y la biodiversidad. De hecho, el 82% del mercado de semillas comerciales en todo el mundo está compuesto por semillas patentadas (sujetas a monopolios exclusi¬vos como el de la propiedad intelec¬tual) (ETC Group, 2008).

La industria de las semillas está íntimamente ligada a la de los plaguicidas. Las mayores compañías semilleras dominan también el sector de los plaguicidas y, frecuentemente, el desarrollo y comercialización de ambos productos se realizan juntos. Pero en la industria de los plaguicidas el monopolio es aún superior y las diez mayores firmas controlan el 84% del mercado global (ETC Group, 2005b). Las fusiones y las adquisiciones por parte de las compañías acaban siendo una práctica habitual con el objetivo de conseguir la economía de escala óptima para competir en el mercado mundial. Los acuerdos de tipo “cártel tecnológico”, por ejemplo, van en aumento. En el 2007, como señala ETC Group (2008), la principal compañía de semillas y la mayor empresa química del mundo, Monsanto y BASF, emprendieron un acuerdo de colaboración en investigación y desarrollo para aumentar el rendimiento y la tolerancia a la sequía en el maíz, el algodón, la canola y la soya. Estos acuerdos permitieron a las empresas todos los beneficios de los mercados oligopólicos sin las restricciones anti¬monopólicas.

Esta misma dinámica, se observa en el sector de la gran distribución que cuenta con una alta concentración empresarial. En Europa, entre los años 1987 y 2005, la cuota de mercado de las diez mayores multinacionales ha ido en aumento, situándose en la actualidad en un 45% del total, y se pronostica que ésta podría llegar a un 75% en los próximos 10-15 años (IDEAS, 2006). En países como Suecia, tres cadenas de supermercados controlan alrededor del 95,1% de la cuota de mercado; y en países como Dinamarca, Bélgica, Estado español, Francia, Holanda, Gran Bretaña y Argentina, unas pocas empresas dominan entre el 60% y el 45% del total (García y Rivera, 2007). Las megafusiones son la dinámica habitual. Las grandes corporaciones, con su matriz en los países occidentales, absorben a cadenas más pequeñas en todo el planeta asegurándose su expansión a nivel internacional y, especialmente, en los países del Sur global.

Este monopolio y concentración permite un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, etc. En el año 2007, la empresa más grande del mundo en volumen de ventas, según la lista mundial de Fortune Global 500, fue la multinacional de venta al detalle Wal-Mart (con el número uno de la lista), por delante de gigantes del petróleo y de la industria automovilística como Exxon Mobile, Shell, British Petroleum o Toyota. A mayor distancia, se encontraban Carrefour (número 33), Tesco (número 51), Kroger (número 87), Royal Ahold (número 137), Grupo Alcampo (número 139), entre otras. Este modelo de distribución al detalle ejerce un fuerte impacto negativo en los actores que participan a lo largo de la cadena alimentaria: campesinos/as, proveedores, consumidores/as, trabajadores/as, etc (Montagut y Vivas, 2008).

Complicidad institucional Este conjunto de multinacionales que controlan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria cuentan con el apoyo explícito de las élites políticas y de las instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimenticias de las personas y el respeto al medio ambiente. Unas corporaciones que consiguen grandes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.

Las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la OMC, el FMI, la FAO así como la Alianza por la Revolución Verde en África, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y las grandes multinacionales del sector... señalan que la causa de la crisis alimentaria mundial reside en la falta de producción de alimentos. El número dos de la FAO, José María Sumpsi lo dejaba bien claro al afirmar que se trataba de un problema de oferta y demanda debido al aumento del consumo en países emergentes como la India, China o Brasil (El País, 21/04/08). En la misma línea, se posicionaba el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en el transcurso de la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO celebrada en Roma en junio del 2008, al señalar que era necesario aumentar en un 50% la producción de alimentos, a la vez que rechazaba las limitaciones impuestas a la exportación por parte de algunos países afectados por la crisis.

Los resultados en la Cumbre de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria de la FAO en Roma, en junio del 2008, reflejaban el consenso alcanzado entre la ONU, el Banco Mundial y el FMI para mantener unas políticas económicas y comerciales de dependencia Sur-Norte y de apoyo a las multinacionales de la agroalimentación. Las recomendaciones lanzadas a favor de una mayor apertura de los mercados en el Sur, de subvencionar las importaciones de alimentos a partir de la ayuda al desarrollo y la apuesta por una nueva revolución verde apuntaban en esta dirección (Vivas, 2008c). Y es que las "soluciones" que recomiendan estos organismos son las causas de la actual crisis alimentaria: mayor liberalización del comercio internacional agrícola, introducción de más paquetes tecnológicos y transgénicos, etc.

Como señalaba Eric Holt-Giménez (2008): “Estas medidas simplemente fortalecen al status quo corporativo que controla el sistema alimentario”. La solución no puede ser más libre comercio porque como se ha demostrado más libre comercio implica más hambre y menor acceso a los alimentos. No se puede argumentar que el problema hoy es la falta de comida, nunca en la historia se había dado una mayor producción de alimentos en el mundo. No hay una crisis de producción, sino una total imposibilidad para acceder a los mismos por parte de amplias capas de población que no pueden pagar los precios actuales.

Capitalismo en crisis La aguda situación de escasez de alimentos se enmarca en un contexto de crisis sistémica del capitalismo con múltiples facetas: económica, ecológica, social, alimentaria, energética... El capitalismo ha demostrado su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte de la población mundial (acceso a la comida, a una vivienda digna, a unos servicios educativos y sanitarios públicos y de calidad) así como su total incompatibilidad con el mantenimiento del ecosistema (pérdida creciente de bio y agrodiversidad, avance del cambio climático) (Antentas y Vivas, 2008). Esto tiene su cara más dramática en los países del Sur, que han sido golpeados duramente por la crisis alimentaria, agravando la situación de pobreza estructural que éstos padecían desde hacía décadas.

Es evidente que lo que hace poco más de quince años se presentaba como una ideología triunfante y victoriosa, como la única posible, en un período de tiempo relativamente corto ha sufrido una crisis de credibilidad y de legitimidad muy grande. Pero aún así, las políticas neoliberales continúan y se intensifican en un marco de competencia global interimperialista y de tensión entre éstos y las nuevas potencias emergentes como China e India.

En la situación de crisis ecológica y social actual confluyen, según Riechmann (2008), tres fenómenos de grandes dimensiones: a) una crisis climática antropogénica, creada por los seres humanos, y como consecuencia de los gases de efecto invernadero. b) una crisis energética, debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que hoy se acercan de manera dramática a su fin. Una dinámica que próximamente afectará también al gas natural y al carbón (Fernández Durán, 2008) c) una crisis de biodiversidad, con la desaparición de especies animales y vegetales y la degradación de los ecosistemas, que nos podría conducir a una “sexta megaextinción”, las anteriores se produjeron por perturbaciones de la biosfera de carácter externo y condujeron a una casi desaparición de la vida sobre el planeta, mientras que ésta sería resultado de la actividad humana. Una situación que se debe a la muy mala inserción de los sistemas humanos en los sistemas naturales.

Agricultura industrial y cambio climático El actual modelo de producción agrícola y ganadero industrial contribuye a profundizar en la crisis ecológica global con un impacto directo en la generación de cambio climático. Como señala el informe Stern (2006), la agroindustria es una de las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero, incluso por delante del sector energético y del transporte. Como indica García (2008b), en base el informe Stern, si tomamos el impacto de la deforestación (que genera un 18% de los gases de efecto invernadero) y el impacto del modelo agrícola y ganadero actual (que produce un 14% de estos gases), ambos conceptos sumados son responsables de un 32% de los gases de efecto invernadero. Una cifra que puede atribuirse sin lugar a dudas al modelo de agricultura intensiva e industrial que sería la primera responsable del cambio climático a escala global, por delante del sector energético (24%) y del transporte (14%). Estos datos ponen de relieve el fuerte impacto del actual modelo agrícola en la erosión del medioambiente y su contribución a la crisis ecológica.

No podemos olvidar los elementos que caracterizan a este sistema de producción de alimentos: intensivo, industrial, kilométrico, petrodependiente... Veámoslo en detalle. Intensivo porque lleva a cabo una sobre-explotación de los suelos y de los recursos naturales que acaba generando la liberación de gases de efecto invernadero por parte de bosques, campos de cultivo y pastos. Al anteponer la productividad, por delante del cuidado del medio y la regeneración de la tierra, se rompe el equilibrio mediante el cual los suelos capturan y almacenan carbono, contribuyendo a la estabilidad climática. De este modo, se rompe este equilibrio y la propia actividad agrícola intensiva acaba siendo generadora de CO2 (Robert, 2002).

Industrial porque consiste en un modelo de producción mecanizado, con uso de agroquímicos, monocultivo, etc. La utilización de tractores gigantes para labrar la tierra y procesar la comida contribuye sin duda a la liberación de más CO2. Los fertilizantes químicos ineludibles en la agricultura y en la ganadería moderna generan una importante cantidad de óxido nitroso (NO2), una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Al verterse estos fertilizantes sintéticos en la tierra, éstos reaccionan químicamente y se libera NO2 (García, 2008b). Así mismo, la quema de bosques, selvas... para convertirlos en pastos o monocultivos acaba afectando gravemente a la biodiversidad y contribuye a la liberación masiva de carbono.

Kilométrico y petrodependiente porque se trata de una producción de mercancías deslocalizada en búsqueda de la mano de obra más barata y de la legislación medioambiental más laxa. Los alimentos que consumimos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa con el consiguiente impacto medioambiental de los combustibles fósiles usados para su transporte. Se calcula que en la actualidad, la mayor parte de los alimentos viajan entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de ser consumidos, un 25% más que en 1980. Nos encontramos antes una situación totalmente insostenible donde, por ejemplo, la energía utilizada para mandar unas lechugas de Almería a Holanda es tres veces superior a la utilizada para cultivarlas (Fundació Terra, 2006). Según el estudio británico Eating oil: food suply in a changing climate (Jones, 2001) una comida dominical típica británica realizada con fresas de California, brócoli de Guatemala, arándanos de Nueva Zelanda, ternera de Australia, patatas de Italia, habichuelas de Tailandia y zanahorias de Sudáfrica genera 650 veces más emisiones de carbono, debido al transporte, que si la misma comida hubiese sido realizada con alimentos cultivados localmente. Una práctica irracional, ya que muchos de los alimentos importados se producen a nivel local.

Pero los alimentos viajeros no solo conllevan una contaminación medioambiental creciente, sino que inducen a la uniformización y a la estandarización productiva. Por poner un ejemplo, si hasta hace pocos años en determinadas regiones de Europa existían hasta centenares de variedades de manzanas, hoy en día en un supermercado tan solo se podrán encontrar como mucho diez tipos en todo el año. Esto ha conducido al abandono del cultivo de variedades autóctonas en favor de aquellas que tienen una mayor demanda por parte de la gran distribución, por sus características de color, tamaño, etc (Patel, 2008). Una situación que se podría aplicar a muchos otros alimentos como el maíz, el tomate, la patata... donde el criterio mercantil y productivo ha primado por encima del ecológico y sostenible.

Este modelo de alimentación kilométrica y viajera, así como el alto uso de agroquímicos derivados del petróleo, implica una fuerte dependencia de los recursos fósiles. En consecuencia, en la medida en que el modelo productivo agrícola y ganadero industrial depende fuertemente del petróleo, la crisis alimentaria y la crisis energética están íntimamente relacionadas y las causas que han provocado la primera son también responsables de la segunda.

Crisis financiera y crisis alimentaria En el transcurso del año 2007 y 2008 estalló la mayor crisis financiera internacional desde 1929. La crisis de las hipotecas subprime, de mediados del 2007, fue uno de sus detonantes, que dio paso a caídas históricas de las bolsas en todo el mundo, numerosas quiebras financieras, constantes intervenciones de los bancos centrales, rescates sin precedentes por parte de los gobiernos, deterioro de la economía real... que significó la entrada en recesión de algunas de las economías más industrializadas del planeta. Como señala Toussaint (2008b), “si no existiera la intervención masiva y concertada de los poderes públicos que se han lanzado al auxilio de los banqueros ladrones, la crisis actual ya habría adquirido mayores proporciones”, y añade que “esta crisis económica y financiera, que ha golpeado a todo el planeta, afectará cada vez más a los países en desarrollo”.

La crisis financiera y alimentaria son resultado de las mismas políticas de desregularización y se han complementado mutuamente. Esta liberalización de los mercados, aumentó la vulnerabilidad de los mismos. Con la crisis de las hipotecas de alto riesgo del 2007, los inversionistas comenzaron a buscar lugares más seguros donde invertir como: productos agrícolas y petróleo. De este modo, provocaron el aumento del precio de los alimentos y de los suministros agrícolas, contribuyendo a la situación de crisis alimentaria y al alza de los precios de principios del 2008 (Holt-Giménez, 2008).

A pesar de que la crisis financiera y económica ha repercutido en una disminución de la especulación en materias primas y en consecuencia en una reducción de su precio, esto no ha tenido un impacto directo en el coste final de los alimentos. Según Eric Holt-Giménez , la crisis económica agudiza la crisis alimentaria, ya nadie habla de crisis por falta de comida, los gobiernos e instituciones internacionales afirman que no se pueden destinar más recursos económicos a paliar la situación de hambruna y el precio de los alimentos en los supermercados no disminuye, aunque éstos se ven empujados a potenciar la venta de productos de bajo coste a través de las marcas blancas y otros mecanismos para no disminuir las ventas.

La crisis financiera y alimentaria han desencadenado, lo que GRAIN (2008c) ha denominado, un “nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras”. La situación de inseguridad alimentaria ha llevado a determinados gobiernos, como el de Arabia Saudita, Japón, Corea, Libia, Egipto, entre otros, que dependen de las importaciones de alimentos, a adquirir tierras agrícolas en distintos lugares del planeta con el objetivo de producir alimentos propios para el consumo interno. Se están comprando tierras en países como Camboya o Sudán, donde se vive una grave situación de crisis alimentaria. En Sudán, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU intenta abastecer con comida a 5,6 millones de refugiados, mientras que en Camboya unas cien mil familias, medio millón de personas, carecen de alimentos. Pero estos gobiernos ven las ofertas de compra de tierra como una oportunidad económica y como una vía para obtener nuevas inversiones extranjeras.

Vistas las oportunidades de negocio, la industria agroalimentaria y los inversores privados han seguido una dinámica similar. La compra de tierras agrícolas es considerada como una opción estable de ingresos en una coyuntura de crisis económica. Citando a GRAIN (2008c): “En muchos lugares de todo el mundo los precios de los alimentos son altos y los precios de la tierra son bajos. Y la mayoría de las ‘soluciones’ a la crisis alimentaria hablan de extraerle más alimentos a la tierra con que contamos. Así que queda claro que va a ser negocio el tener el control de las mejores tierras, cerca de suministros de agua disponibles”. En consecuencia, se está dando un proceso de creciente privatización y concentración de tierras agrícolas fértiles que amenaza aún más la seguridad alimentaria mundial.

Hay alternativas Pero, existen alternativas. Frente a la usurpación de los recursos naturales, hay que abogar por la soberanía alimentaria: que las comunidades controlen las políticas agrícolas y de alimentación. La tierra, las semillas, el agua... tienen que ser devueltas a los campesinos para que puedan alimentarse y vender sus productos a las comunidades locales y su excedente ser destinado al comercio justo internacional. Se trata de prácticas que se han venido realizando durante siglos y que han garantizado la seguridad alimentaria de amplias capas de la población a través de la diversificación de cosechas, el cuidado de la tierra, el buen uso del agua, la creación de mercados locales y sistemas alimentarios comunitarios. Los métodos de producción y distribución de alimentos sustentables y equitativos ya existen, solo hace falta voluntad política para aplicarlos (Vivas, 2008d) Además, es necesaria una reforma agraria integral de la propiedad y de la producción de la tierra y una nacionalización de los recursos naturales.

La relocalización de la agricultura en manos del campesinado, nos permitirá garantizar el acceso universal a los alimentos. Así lo constatan los resultados de una exhaustiva consulta internacional que duró cuatro años e involucró a más de 400 científicos, realizada por la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD en sus siglas en inglés), un sistema de evaluación impulsado ni más ni menos que por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, la UNDP, la UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc. Es interesante observar como, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad alimentaria que la producción transgénica. En la misma línea, se posicionaba un estudio de la Universidad de Michigan que concluía que las granjas agroecológicas son altamente productivas y capaces de garantizar la seguridad alimentaria en todo el planeta, contrariamente a la producción agrícola industrializada y el libre comercio (Holt-Giménez, 2008).

Y es que varios estudios demuestran como la producción campesina a pequeña escala puede tener un alto rendimiento a la vez que usa menos combustibles fósiles, especialmente si los alimentos son comercializados localmente o regionalmente. En consecuencia, invertir en la producción campesina familiar es la mejor garantía para acabar con la pobreza y el hambre, y más cuando ¾ partes de las personas más pobres del mundo son pequeños campesinos (Holt-Giménez, 2008).

Los gobiernos deben de apoyar la producción a pequeña escala y sostenible, no por una mistificación de lo “pequeño” o por formas ancestrales de producción, sino porque ésta permitirá regenerar los suelos, ahorrar combustibles, reducir el calentamiento global y ser soberanos en lo que respecta a nuestra alimentación. En la actualidad, somos dependientes del mercado internacional y de los intereses de la agroindustria y la crisis alimentaria es resultado de ello. Como exponía el coordinador general de la Vía Campesina, Henry Saragih , es necesario que los gobiernos nacionales den “una prioridad absoluta a la producción doméstica alimentaria para disminuir la dependencia del comercio internacional. Los pequeños campesinos tendrían que ser apoyados con mejores precios para sus productos y con mercados más estables para producir alimentos para ellos mismos y para sus comunidades, lo cual significaría un incremento de la inversión en la producción de alimentos de origen campesino para la comercialización local”. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de pesticidas, químicos y transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Es necesario proteger los agro-ecosistemas y la biodiversidad, gravemente amenazados por el modelo de agricultura actual.

Frente a las políticas neoliberales hay que generar mecanismos de intervención y de regulación que permitan estabilizar los precios del mercado, controlar las importaciones, establecer cuotas, prohibir el dumping y en momentos de sobre producción crear reservas específicas para cuando estos alimentos escaseen. A nivel nacional, los países tienen que ser soberanos a la hora de decidir su grado de autosuficiencia productiva y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico, sin intervencionismos externos.

En esta misma línea, se deben de rechazar las políticas impuestas por el Banco Mundial, el FMI, la OMC y los tratados de libre comercio bilaterales y regionales, así como prohibir la especulación financiera, el comercio a futuros sobre los alimentos y la producción de agrocombustibles a gran escala para elaborar “petróleo verde”. Es necesario acabar con aquellos instrumentos de dominación Norte-Sur como es el pago de la deuda externa y combatir el poder las corporaciones agroindustriales.

Frente al monopolio en la producción, la transformación y la distribución de alimentos debemos de exigir regulación y transparencia a lo largo de la cadena de comercialización de un producto. El complejo agroindustrial tiene efectos muy negativos en todos los actores que participan en la cadena alimentaria: campesinos, proveedores, trabajadores, comerciantes, consumidores. Hay que exigir políticas públicas que apoyen al pequeño campesinado, a la agricultura ecológica, al comercio de barrio, que defiendan el derecho de las y los trabajadores... y en el mientras tanto apostar por un consumo “alternativo” en el mercado local, las cooperativas de consumo agroecológico, los circuitos cortos de comercialización con un impacto positivo en el territorio y una relación directa con quienes trabajan la tierra.

Hay que avanzar hacia un consumo responsable y consumir en función de lo que realmente necesitamos, combatiendo un consumismo excesivo, antiecológico, innecesario, superfluo e injusto promovido por el mismo sistema capitalista (Sempere, 2009; Ballesteros, 2007). Como señala Jorge Riechmann (2008): “Existen elementos socio-culturales muy fuertes, como esa cultura expansiva del ir más allá que fomenta intensamente el capitalismo, esa insistencia en lo ilimitado de los deseos humanos, en el desbordamiento de límites, en la mejora indefinida de la condición humana que erróneamente se identifica con el consumo creciente de bienes y servicios”. En la misma línea se sitúa Joaquim Sempere (2007) y apunta a algunas salidas al indicar que la situación histórica actual, de despilfarro colectivo de unos recursos naturales finitos, nos obliga a avanzar hacia una “austeridad voluntaria”, a pesar de las dificultades que ésta entraña al someter una privación individual en aras de un beneficio general, y añade: “la única austeridad viable para sociedades enteras es la austeridad impuesta”, pero quien la impone no debería ser “una autoridad externa a la sociedad, sino la ‘voluntad colectiva’ que emerge de la sociedad misma a través de mecanismos de decisión que se asumen como vinculantes”.

Más allá de la acción individual, que tiene un valor demostrativo importante y que aporta coherencia a nuestra práctica cotidiana, es fundamental la acción política colectiva, rompiendo el mito de que nuestras acciones individuales por sí mismas generarán cambios estructurales (Recio, 2006). En el ámbito del consumo, podemos participar en cooperativas de consumidores de productos agroecológicos que funcionan, habitualmente, a nivel barrial y que a partir de un trabajo autogestionado establecen relaciones de compra directas con los campesinos y productores de su entorno con el objetivo de llevar a cabo un consumo ecológico, solidario y de apoyo al campesinado local.

Pero es fundamental que esta acción política trascienda el ámbito del consumo, ir más allá, y establecer alianzas entre distintos sectores sociales afectados por la globalización capitalista y actuar políticamente. La situación de crisis sistémica del capitalismo, con sus distintas facetas: ecológica, financiera, alimentaria, energética... hace más necesario que nunca esta acción política colectiva. La creación de alianzas entre campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes... es una condición indispensable para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.

La acción político-social con el objetivo de conseguir cambios reales en las instituciones políticas y económicas en dirección a un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento sostenible social y ecológico es algo indispensable: exigir una legislación que prohíba el cultivo y la comercialización de productos transgénicos, que ponga coto al monopolio de la gran distribución con regulación y transparencia en toda la cadena de comercialización, etc. Un cambio de paradigma en la producción, la distribución y el consumo de alimentos solo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social y para conseguirlo es fundamental la creación de espacios de resistencia, de transformación y de acción política colectiva.

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