Rebeliones, insurrecciones y polarización política en Sudamérica
Rebeliones, insurrecciones y polarización política en Sudamérica
Ana Cristina Brasil
Esta contribución es sólo una parte de un documento más amplio sobre la situación mundial y las tareas de los revolucionarios, que puedes leer aquí a partir del martes 10 de octubre: www.rupturas.org/blogdaana
Desde principios de siglo, América del Sur ha sido escenario de una serie de luchas, manifestaciones multitudinarias, protestas populares, gobiernos reformistas nacidos de esas luchas y mucha polarización política – porque aquí crecen el neoextractivismo, la depredación de la naturaleza, la descomposición social, la desigualdad, la militarización, la violenca y las crisis políticas que alimentan alternativas de extrema derecha: Uribismo en Colombia, Bolsonaro y sus fanáticos en Brasil, Kast y Pinochetistas en Chile, las derechas golpistas boliviana y guatemalteca, la derecha escuálida en Venezuela, y ahora Milei en Argentina. Vivimos en una macrorregión de altísimos niveles de violencia de todo tipo, con una creciente desigualdad socioeconómica, racial y de género.
Desde 2018, un nuevo ciclo de movilizaciones recorre casi todos los países del subcontinente y, de manera más generalizada y radical, los países andinos – Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, a los que recientemente se ha sumado la provincia argentina de Jujuy. En Chile, Bolivia, Colombia y ahora Jujuy, las organizaciones sindicales han estado presentes, pero ya no son la vanguardia con identidad de clase como hace 40 años. La primera línea de las explosiones ha sido la juventud sin perspectivas (que ha enfrentado con el cuerpo la brutal represión en Chile, Colombia y Perú), pelo em frente único con los trabajadores de los servicios, particularmente en educación y salud; los campesinos; las mujeres, ya sea a través de sus propios movimientos por el derecho al aborto y contra la violencia sexista, como en Argentina, Chile y México, o dentro del movimiento obrero-popular general (en el cual destacan las mujeres activistas y dirigentes). El movimiento negro, de las mujeres por sus derechos reproductivos y laborales, de la comunidad LGBTQI+ debe ser apoyado y sus demandas recogidas como parte del movimiento general de los explotados y oprimidos.
Los pueblos indígenas andinos, los desposeídos desde hace 531 años, están a la cabeza de los movimientos en los países de mayoría indígena (Bolivia, Ecuador, Perú). La CONAIE de Ecuador, la CSUTSB de Bolivia, las mingas de Colombia y los Mapuches organizados en Chile son actores clave en los procesos de lucha. Incluso en un país como Brasil, donde el 84% de la población es urbana y solo el 1% se autodeclara indígena, los más de 200 pueblos originarios juegan desde hace décadas un papel fundamental en defensa de sus territorios, por la protección de bosques y ríos, por la defensa del medio ambiente frente a las obras "desarrollistas", en la resistencia a Bolsonaro y ahora en la lucha contra el bloqueo que el latifundio quiere imponer a la demarcación legal de los territorios indígenas.
La multiplicación y radicalidad de estos enfrentamientos no se traduce, en general, en una autoorganización más duradera – por las dificultades objetivas y porque no hay una izquierda que tenga la política y el peso para alentar a los embriones de poder popular a permanecer y elevarlos a instancias de decisión nacional. En Chile, después del estallido de 2019, hubo asambleas de vecinos en todo el país. En el estallido colombiano, se organizaron cabildos en los lugares de residencia, especialmente en las periferias. Los jóvenes populares son desconfiados y no conectan con organizaciones más tradicionales, como sindicatos y partidos.
A veces, las movilizaciones tienen un éxito parcial. En Argentina, los pañuelos verdes ganaron el aborto legal; en Bolivia, la resistencia al golpe policial-militar de 2019 (que fue facilitado por los graves errores de Evo y su entorno) volvió a ganar las elecciones y devolvió el MAS al poder al año siguiente. En las elecciones de primera vuelta en Ecuador, tuvimos dos importantes triunfos populares, con la victoria del "Sí" en Yasuní, para dejar el petróleo de la región bajo tierra, y en el Chocó andino, que rechazó la minería en la provincia de La Pichincha, donde está Quito.
En general, las luchas enfrentan una brutal represión porque la burguesía no cede, salvo por conquistas muy parciales. Por eso los procesos tienden a repetirse en contextos de convulsión social, como en Perú, que vivió un gran levantamiento en diciembre y enero, especialmente en el sur del país, donde vive una mayoría de quechuas y aymaras. Las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, impuesto por un golpe parlamentario contra Pedro Castillo, fueron fuertemente reprimidas, pero dieron lugar a la organización de regiones indígenas y a una coordinadora denominada Asamblea Nacional Popular, en la que participan la CGTP, sindicatos y grupos políticos de izquierda, com las consignas de derrocar a Baluarte y convocar una Asamblea Constituyente.
La adaptación de la izquierda al “institucionalismo”
Mientras la crisis capitalista se acelera e invade todas las esferas de la vida, los Estados burgueses ejercen una presión cada vez más intensa sobre amplios sectores de la izquierda y el activismo para impedir cualquier posibilidad de oposición radical, de independencia y, por tanto, de avance hacia el cambio revolucionario. Existe una combinación de causas objetivas y subjetivas para esta asimilación de los líderes y organizaciones sociales a las instituciones burguesas y su transformación en fuerzas dependientes del statu quo capitalista. La ausencia de otra referencia para el socialismo desde el colapso de los estados del Este y el ascenso capitalista de China han contribuído decisivamente a una profunda degradación del horizonte ideológico de la mayor parte de la izquierda.
En América Latina, tras las grandes movilizaciones de los años 2000 y ahora, tras el ciclo de explosiones de 2019 y 2020, han surgido gobiernos más o menos reformistas. Pero los progresistas de hoy enfrentan una correlación de fuerzas regional más precaria, porque ya no cuentan con los procesos revolucionarios en Venezuela o prerrevolucionarios como los que derrocaron al régimen neoliberal en Bolivia, y porque la derecha ha polarizado a un sector de la sociedad. De ahí el papel cada vez más evidente de la izquierda reformista como administradora de la crisis capitalista y de su situación más inestable que en el período anterior. Quienes, a su manera, se enfrentan al institucionalismo son la extrema derecha, con el objetivo de avanzar hacia regímenes totalitarios, y, de forma mucho más débil, las fuerzas de la izquierda socialista, que defienden la independencia política de los explotados y la revolución socialista.
En conjunto, el avance de la extrema derecha está confundiendo a amplios sectores de la vanguardia. Las direcciones reformistas están utilizando la indiscutible necesidad de ampliar la unidad en la lucha contra los nuevos fascismos para presionar aún más por el apoyo abierto a los gobiernos progresistas (cada vez menos progresistas) como posible alternativa. Pensamiento objetivista y pragmático que, en la práctica, suprime los horizontes de cambio radical. Las políticas de unidad (unidades de acción y frentes únicos para movilizarse o eventualmente votar) son necesarias para combatir a la extrema derecha y al neofascismo. El problema es que el "progresismo" actual convierte las necesarias políticas de unidad en estrategias permanentes de apoyo a cualquier gobierno que no sea de extrema derecha. Así, la defensa de las libertades democráticas que se preservan (aunque cada vez menos) en los regímenes democrático-burgueses se confunde con la defensa del propio régimen.
La participación de los socialistas en las elecciones periódicas a todos los niveles es una táctica importante y necesaria, no sólo porque a través de ellas hacemos propaganda, sino porque podemos conseguir que los elegidos se conviertan en personalidades políticas, en tribunas populares para nuestra agitación e intervención en la lucha de clases. Pero la participación electoral y parlamentaria debe complementarse con una estrategia de movilización. La izquierda reformista ve cada vez más las elecciones, los cargos y las políticas públicas "dentro del marco institucional" como la única forma de conseguir mejoras para los trabajadores y el pueblo, cuando sabemos que sólo dentro del marco institucional, sin movilización, no llegarán los cambios sustantivos. El dinero empresarial y estatal corroe y corrompe los procesos electorales y parlamentarios y a casi todos los partidos políticos. Los discursos sobre el "populismo de izquierdas" enmascaran la adaptación al statu quo. Desde el progresismo latinoamericano a la socialdemocracia europea, desde los impulsores del Green New Deal a los recientes partidos que se han propuesto como alternativas contrasistémicas (Syriza, Podemos), asistimos a una total naturalización de las instituciones del Estado burgués como principal, si no única, vía para lograr conquistas.
El actual "progresismo" latinoamericano
En América Latina estamos viviendo una segunda ola de gobiernos reformistas, ahora polarizados tanto con la derecha tradicional como con la extrema derecha. No se trata de los mismos procesos políticos ni de los mismos gobiernos. En la primera ola, en la primera década del siglo, las vanguardias de la región fueron los procesos revolucionarios o prerrevolucionarios que dieron lugar a los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, quienes se enfrentaron al imperialismo y a las élites políticas tradicionales de sus países, rompiendo con los regímenes anteriores: convocaron a Constituyentes, se movilizaron contra golpes de Estado, reestatizaron sectores económicos. En el caso de Bolivia, crearon un Estado Plurinacional sin precedentes, con mayoría indígena en el gobierno. Lula y el PT, el kirchnerismo, el Frente Amplio uruguayo e incluso el inicialmente transformador Rafael Correa se mantuvieron en el marco del modelo neoextractivista de desarrollo y administración del Estado. En el caso de Brasil, el PT, Lula y Dilma continuaron la regresión primario-exportadora, desindustrializadora y neocolonial de la economía iniciada en la década anterior
A diferencia de la primera, esta segunda ola es menos radical. En México, López Obrador llegó al poder derrotando el fraude y el histórico régimen de partido único construido por el PRI. Lula 3.0, en Brasil, surgió de una amplia y necesaria unidad electoral democrática contra Bolsonaro, que abarcó desde sectores conservadores de la burguesía hasta fuerzas de izquierda, sin grandes movilizaciones – porque es un punto de honor para el PT de hoy no movilizarse. Los gobiernos de Boric en Chile, Arce en Bolivia, Petro en Colombia, incluso el del depuesto Castillo en Perú, surgieron después de fuertes movilizaciones.
Todos estos gobiernos, aunque con muchas diferencias entre ellos, operan sus políticas dentro de los estrictos límites de las instituciones del Estado burgués y el respeto a los pilares del neoliberalismo (aunque con limitadas medidas redistributivas). Por su composición y política, no son gobiernos de la clase obrera y los sectores populares, aunque puedan incluir representantes de éstos. Frente a los ataques de la extrema derecha, estamos al frente de la defensa de estos gobiernos y de las libertades democráticas; les llamamos a movilizarse en su propia defensa. Apoyamos sus medidas progresistas para mantener y conceder derechos. Pero no formamos parte de esos gobiernos, ni animamos a los movimientos y partidos sociales en los que actuamos a que se consideren parte de ellos. La autonomía de los movimientos y la independencia política de las organizaciones de los partidos son la única garantía de que puedan producirse movilizaciones capaces de garantizar conquistas democráticas y económicas.
Las tácticas concretas en el parlamento y en la acción contra los gobiernos progresistas varían de un caso a otro. Comparemos a Lula y Petro. El primero es un gobierno de unidad nacional – Lula, Alckmin, con el ex-bolsonarista Lira y sectores de la oligarquía más venal, el Centrão. Ejecuta medidas de ajuste neoliberal que quitan recursos a la sanidad y la educación, votadas por un parlamento de derechas. Con una minoría de figuras independientes en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, el gobierno brasileño tiene un gran número de ministros burgueses, incluyendo al vicepresidente, otro número de ministros del PT, probados gestores de los intereses de la burguesía en gobiernos anteriores, y ahora otro número de ministros provenientes del Centrão e incluso de Bolsonaro.
Petro intentó inicialmente formar gobierno con el sector burgués dirigente del Partido Liberal. En nueve meses de experiencia, sólo consiguió aprobar una ley tributaria que gravaba las grandes fortunas. Ante los obstáculos a la reforma sanitaria y a las leyes laboral y de pensiones, decidió cambiar el gabinete y llamó a la movilización. En dos ocasiones, llenó las calles de manifestantes, a los que dijo, en pocas palabras, que sólo movilizándose se podrían conquistar esas reformas. Lula y Petro representan ahora dos caminos opuestos. En relación al petróleo y gas, Petro dijo que la opción de Lula de explorar en busca de petróleo en la desembocadura del Amazonas representaría un "negacionismo progresivo" de la crisis climática.
Si Lula y el PT llevan dos décadas apostando históricamente por no movilizar a la población ni animar a la gente a organizarse, Petro dice ahora lo contrario. Está claro que las tácticas hacia uno y otro tendrán que ser diferentes. Petro está llamando a la gente a organizarse. El rumbo de su gobierno dependerá de lo que hagan los trabajadores, indígenas y campesinos colombianos para seguir ese camino. La izquierda que llega al poder y no llama sistemáticamente a la movilización termina reproduciendo el camino del lulismo: limitarse a administrar el Estado de los capitalistas. Quien llama a la movilización puede abrir espacio a políticas de ruptura con el neoliberalismo y el capital.
La crisis deja poco margen de maniobra. Sólo con la autonomía de los movimientos, la independencia política de los partidos socialistas y, sobre todo, las grandes movilizaciones y la autoorganización de los explotados y oprimidos, es posible conseguir algo más que migajas y avanzar hacia soluciones ecológicas y socialistas.
Ana C. Carvalhaes, Israel Dutra, José Correa Leite, Pedro Fuentes